Salud

Inicio Salud

Científica mexicana le pone un hasta aquí al coronavirus

0

La física mexicana Mónica Olvera de la Cruz, egresada de la UNAM, encuentra una manera que promete inhibir de manera muy eficiente la adhesión del virus SARS-CoV-2 a las células humanas, lo que podría derivar en la solución de este grave problema de salud.

La necesidad hace la virtud, y tras de que su hermano se contagió de Covid-19, la científica mexicana Mónica Olvera de la Cruz se dedicó a dilucidar qué diablos podía hacer por él y comenzó por investigar, junto con otros dos colegas, la manera en cómo el virus se adhería a las células humanas. “Buscamos otra manera de reducir la atracción entre la proteína Spike del SARS-CoV2 y el receptor humano donde se pega el virus”, señaló en entrevista con el periódico Milenio.

Mónica Olvera de la Cruz

El talón del coronavirus

La doctora Olvera, formada como física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y doctorada en la Universidad de Cambridge en el Reino Unido, niega que esta investigación represente la cura a la funesta enfermedad, pero admite que establece una dirección para combatir al virus.

A partir de su experiencia en las ciencias físicas, identificó que el virus SARS-CoV2 tiene “un talón de Aquiles” en las interacciones electroestáticas del virus que lo unen a las células humanas. En consecuencia, su investigación se centró en desarrollar una molécula que pudiera bloquear esta acción, pues sin adhesión, dedujo, no es posible la infección.

“En las células humanas, el receptor del virus es la enzima convertidora en angiotensina 2 (ACE2), que se encuentra en las células epiteliales nasales faríngeas, donde ocurre el primer contacto con el virus, y también en las células del riñón, corazón, cerebro, así como en las células de los conductores de aire más bajo y gastrointestinales, lo cual facilita la falla de órganos humanos por la infección del SARS-CoV2”, explica la jefa del Departamento de Ciencias de Materiales e Ingeniería de la Universidad de Northwestern y miembro destacada de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, desde 2012.

Escondido tras la proteína

El SARS-CoV2 se adhiere al ACE2 de las células humanas mediante el llamado Dominio de Unión al Receptor (RBD), que se encuentra en la proteína Spike que se identifica por los picos que dan forma de corona al virus, sentencia. “Atacar el RBD del virus es sumamente complejo porque está escondido dentro de la proteína Spike, pero la distancia a la que se encuentran los sitios de la división polibásica permite encontrar una nueva manera de vulnerarlo”, añadió la doctora Olvera.

La estrategia del equipo de trabajo de Olvera Cruz para dilucidar cómo combatir al coronavirus, equivalió a “develarlo” con su propia familia, como se hizo con Lozoya:  Antes que nada, señala, la investigación se enfocó en encontrar las diferencias entre el virus SARS-CoV, que apareció durante 2003, con el SARS-CoV2, que surgió a finales del año pasado.

Descubrieron que los diferencian los grupos llamados polybasic cleavage (polybasic significa que tienen carga positiva y cleavage, que presentan escisiones o divisiones), los cuales se encuentran muy alejados del lugar donde la proteína Spike se pega al receptor de las células humanas. “Entonces dijimos: si los mutamos, al estar estos grupos alejados a donde se pega al receptor humano, descubrimos que modificaba muchísimo esa interacción”, señaló.

Barranco de 33 átomos de distancia

¿Qué tan separados están los polybasic cleavage de los receptores en el SARS-CoV2?  Diez nanómetros de distancia, dice Mónica Olvera, es decir, 10 millonésimas de milímetro. ¿Qué tan lejos es esto?, pues digamos que lo suficiente, tomando en cuenta que los átomos miden de 0.2 a 0.3 nanómetros, esto es, al menos 33 átomos de distancia. “Estos estudios se hicieron totalmente a nivel computacional, mediante simulaciones de todos los átomos del sistema para alcanzar a ver esos lugares y las distancias de adhesión al receptor”, agregó.

Tras recuperarse de la sorpresa de su hallazgo, toda vez que términos fisiológicos, todas las interacciones electrostáticas son irrelevantes en un radio de un nanómetro y aquí había un barranco de diez nanómetros al sitio donde el virus se adhiere al receptor humano, el grupo de Olvera de la Cruz razonó que el camino hacia la inhibición radicaba en diseñar una molécula cargada negativamente (péptido) para bloquear el sitio cargado positivamente y demostrar que la afinidad de unión del SARS-CoV2 al receptor humano puede reducirse,.

Al bloquear el sitio de escisión como tratamiento profiláctico viable se puede disminuir la capacidad de infección del virus en humanos, pues demostró que las mutaciones distales de la proteína Spike del SARS-CoV2 afectan la transmisibilidad del virus.

La importancia de la carga

De acuerdo con la científica mexicana, la idea es simple, pero de ejecución compleja: “Estamos jugando con electrostática para diseñar estos grupos que se peguen en los lugares distantes. Es muy difícil hacer moléculas muy específicas que ataquen eso, pero si las cargas son lo importante, y estos tienen tres cargas juntas positivas y el receptor tiene 21 negativas, por ahí están repudiando algo negativo. Las positivas atraen a lo negativo, entonces, si se bloquean estos centros positivos, y en el centro que se está bloqueando son negativos, ya no se unirían al receptor”.  

“Queremos diseñar una molécula más grande que pueda bloquear los tres polybasic groups, bloqueando uno reducimos la interacción en 30 por ciento, entonces creemos que si bloqueamos todos los demás se va a reducir aún más. La idea es que estas moléculas tengan más absorción a la proteína Spike y no a las células receptoras humanas”, finalizó la doctora Mónica Olvera de la Cruz.

Seguro Popular: historia de saqueos, opacidad y simulaciones. Tercera parte

0

Un seguro nada constitucional

No obstante sus objetivos, a lo largo de su historia el Seguir Popular sólo sirvió para la simulación, la opacidad y los desfalcos. Sobran las pruebas de que el sistema de salud mantuvo una atención a desigual, excluyente, opaca y deficiente, y nunca resolvió las graves carencias que soportaba una población pobre y altamente vulnerable.

Por Ulises Ladislao

A pesar de los triunfalistas anuncios acerca de los avances en materia de salud del Seguro Popular, y de que sus defensores, ex secretarios de salud y enemigos del INSABI se desgarran las vestiduras por su desaparición, lo cierto es que México ha estado muy lejos de cumplir con el derecho a la salud de sus ciudadanos, que marca expresamente la Constitución.

El retorno a los cañoneros

De acuerdo con el artículo “Lo que hizo bien y mal el Seguro Popular”, de Rodrigo Rojas, publicado en el sitio Saludiario, hacia 2018 el Seguro Popular había logrado acumular más de 57 millones de afiliados en todo el país. Sin embargo, cundían los casos de pacientes y médicos que afirmaban que “la atención en el Seguro Popular era deficiente. La queja más recurrente es acerca del desabasto de medicamentos. Sumado a eso, se deben añadir las deficientes condiciones de muchos de sus hospitales”.

Como en todos los órdenes del gobierno, en el Sistema de Salud mexicano se privilegiaba la cantidad mas no la calidad en materia de obras y servicios. El punto que interesaba a políticos corruptos y sus socios traficantes de influencias era la circulación del presupuesto, es decir, que lloviera esa miel para que goteara dinero. En otras palabras, los cañonazos de dinero retumbaban hacia aquellos para construir infraestructura, pero un porcentaje considerable retornaba a sus cañoneros, a modo de comisión o moche. “Uno de los aspectos más negativos del Seguro Popular es el relacionado con los continuos casos de corrupción en los que se vio envuelto. Tan sólo a inicios de este año se expuso la “desaparición” de 16 mil millones de pesos”, destaca Rojas.

La simulación fue regla de oro en otros sexenios. Durante una entrevista realizada por la presentadora de noticias Adriana Pérez Cañedo, en 2011, Felipe Calderón aseguró que durante su administración se habían construido más de 1,200 hospitales o clínicas nuevas, mientras que más de 2,000 adicionales habían sido remodeladas, reconstruidas o ampliadas, “la mayor obra de infraestructura hospitalaria de que se tenga registro”, aseguró el ex mandatario

Nueva años después de lo único que quedó constancia de tan “encomiable esfuerzo” fue el abandono de cientos de instalaciones de salud, el 64% de las cuales fueron iniciadas durante la administración de Enrique Peña Nieto, mientras el 35.6% se empezaron sin concluir durante el gobierno de Felipe Calderón y uno inconcluso se comenzó a construir en 2004, en los tiempos de Vicente Fox. “Hay una epidemia de hospitales abandonados o a medio construir”, aseguró la coordinadora del programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de la organización civil México Evalúa, Mariana Campos, quien documentó la existencia de al menos 13 hospitales abandonados que suponían pérdidas por 6 mil millones de pesos.

Los horrores de Castañeda

A contracorriente del gran pundonor calderonista, el foro “Por la universalización y atención integral de la Salud”, organizada por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados en 2010, denunciaba una realidad diametralmente diferente: “A través de una multitud de estudios, los expertos llegan a una conclusión alarmante en franca contradicción al discurso oficial: no se cumple con el derecho a la salud en México y no se detecta una verdadera mejora en la atención a los más pobres.

“La injusticia social se perpetua en la atención a la salud –ampliaban el diagnóstico las conclusiones de la reunión de expertos–. Hasta la fecha, las políticas públicas en materia de salud no han logrado revertir esta tendencia. A seis años de la implementación del Seguro Popular, persisten los añejos problemas y paradójicamente han surgido nuevos. Los más pobres siguen excluidos o mal atendidos como lo subrayan varios indicadores.”

En el comunicado de prensa intitulado, “El Sistema de Salud: lejos del acceso universal, integral y oportuno”, el foro de la Cámara baja era contundente: “La falta de infraestructura es alarmante: en las regiones marginadas se cuenta apenas con 0.1 camas por cada 1,000 habitantes. A junio de 2010, se acreditó solamente el 58% de las unidades médicas previstas para el buen funcionamiento del Seguro Popular. La implicación de este retraso es que no se está garantizando la oferta de “niveles óptimos en la calidad de los servicios de salud. El sistema de distribución y abasto de medicamentos tampoco funciona y muchas veces, los pacientes están obligados a pagarlos”.

Así la pregunta resulta obvia: ¿De qué sirve un presupuesto generoso y una afiliación cada vez mayor al Seguro Popular, si no existen los hospitales y clínicas para tener acceso efectivo y no de letra a la salud, tanto en número como en distribución geográfica?

Más aun, ¿a qué grado resuelve un programa diseñado para atender a la población marginada cuando no existen los médicos generales ni los especialistas mínimos para cubrir el territorio nacional con personal capacitado y dispuesto a trabajar en comunidades aisladas, sin apreciarlas con la visión clasista del ex secretario de Relaciones Exteriores Jorge Castañeda, quien se escandalizó de que su niña egresada de la Facultad de Medicina fuera a cubrir sus servicios en el “horroroso pueblo de Putla“, en Oaxaca, un sitio de los miles que existen con urgentes y reales necesidades de atención médica en nuestro país?

La salud no es financiera

Al cabo, los defectos de concepción, origen y propósitos verdaderos del Seguro Popular quedaron al desnudo en el diario La Jornada, en noviembre de 2018: “en rigor, ese programa no fue concebido para resolver las carencias del sistema nacional de salud pública, sino únicamente para solucionar en términos financieros el acceso de millones de personas a una infraestructura hospitalaria ya existente y previamente saturada, en la que las instalaciones, el personal, los equipos y los insumos son claramente insuficientes para brindar una atención digna y adecuada a sus derechohabientes tradicionales”.

Sin duda, el Seguro Popular creó desde sus cimientos un universo de pacientes de segunda que sólo tienen cubierta una pequeña parte de los padecimientos y que, en el resto, señalan los analistas de este periódico, siguen tan desamparados, en lo financiero y en lo médico, como habíamos establecido en el segmento de este artículo Océano de transas, donde las enfermedades cubiertas por el Seguro Popular representaban apenas un 2.4% de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional, es decir, una fracción de los padecimientos posibles, sin tomar en cuenta que impone a sus afiliados antigüedades y tiempos de espera para poder acceder a la atención en enfermedades como el infarto en pacientes de más de 60 años, esclerosis múltiple, cáncer de pulmón o insuficiencia renal.

El negocio de afiliar

A más de tres lustros de su fundación, se confirma que el Seguro Popular tiene mucho de simulación, poco de seguro y nada de derecho constitucional. Luego de ocho años, el gasto de bolsillo de la población no había disminuido ni un milímetro con respecto al año 2000, y tuvo un costo demasiado elevado para las familias más pobres en servicios médicos, medicamentos y atención hospitalaria, al representar casi la mitad de sus ingresos totales.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño realizada en 2013, la información reportadas por la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) resultaba “insuficiente para evaluar el cumplimiento del mandato del Seguro Popular, de evitar el empobrecimiento de la población por motivos de salud, y de lograr que la población afiliada tenga acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”.

En cuanto al nivel de satisfacción de los usuarios. el promedio nacional de tiempo de espera para recibir atención médica fue de 77.9 minutos, superior en 47.9 minutos al estándar establecido por la Secretaría de Salud de 30 minutos. De hecho, tampoco se consideró la calidad de los servicios otorgados ni el cálculo de las personas afiliadas que acudieron a consulta por lo menos una vez al año.

Basta saber que el Seguro Popular había sido diseñado sin la obligatoriedad para la CNPSS y los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS) para ofrecer indicadores, metas, para “garantizar el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud”, de acuerdo con la Auditoria de Desempeño que se le realizó al programa a  inicios del sexenio de Peña Nieto.

Todos los datos indican que afiliar decenas de millones de mexicanos no era un logro sino la ocasión para hacer exquisitos negocios, a partir de la entrega de recursos presupuestales a entidades estatales, así como a los altos directivos de clínicas y hospitales que administraban a su discreción,de los cualesdecidían destino y proveedores. El dinero “perdido”,se ha calculado, podría haber alcanzado para construir al menos16 hospitales de especialidades y muy probablemente sobraría un monto suficiente para levantar 20 clínicas rurales más.

Continuará

Seguro Popular: historia de saqueos, opacidad y simulaciones

0

Segunda parte

Los depredadores virreyes de la salud

El seguro Popular no sólo resultó un programa para la simulación sanitaria de la población más vulnerable y sin seguridad social, sino la ocasión para que los gobernadores de los estados tomaran esos cuantiosos recursos que ascienden a más de 70 mil millones de pesos, para fines totalmente diferentes a los consagrados a la salud y que virtualmente los desaparecieron sin que hasta hoy haya habido justicia y sí total impunidad.

Por Ulises Ladislao

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el principal problema del Sistema de Salud en México ha sido su división en un conjunto de subsistemas distintos, cada uno con diferentes niveles de atención, dirigido a diversos grupos, con precios dispares y con resultados absolutamente contrastantes.

De acuerdo con la OCDE, tras 12 años de la implantación del Seguro Popular el gasto de bolsillo en México constituía el 45% de los ingresos del sistema de salud y 4% del gasto de los hogares. Ambas cifras se encuentran entre las más altas de las que reportan los países miembros de esta organización de la élite económica mundial.

El estudio de esta organización, efectuado durante las misiones realizadas en México por su equipo de especialistas en abril de 2014, julio de 2014 y octubre de 2015, consistió en entrevistas a funcionarios de la salud, profesionales, grupos de pacientes y otros expertos del área, que incluyeron directores de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el propósito de “examinar las razones por las cuales la estructura y la organización del sistema puede estar fallando para atender las necesidades de salud de los mexicanos y hacer recomendaciones para la construcción de un sistema más sólido, justo y sostenible”.

La enfermedad de su preferencia

Luego de obtener la información de tales fuentes, la investigación de la OCDE concluyó que el gasto de bolsillo en México no había disminuido luego de tres largos sexenios, “por la insatisfacción de los individuos con la calidad o la accesibilidad a los servicios que proporcionan las instituciones a las cuales se encuentran afiliados, lo que los lleva a buscar atención médica con proveedores privados”.

Por otro lado, advertía de aquellas enfermedades que no cubría el Seguro Popular con alta prevalencia como los infartos cardiacos en los mayores de 60 años, los accidentes cerebrovasculares, las diálisis después de la insuficiencia renal, la esclerosis múltiple y el cáncer de pulmón, como si estos males no fueran los de mayor prevalencia en el país o la población eligiera el padecimiento de su preferencia, enlistado en los padecimientos que si cubría el Seguro Popular.

Para paliar los profundos vacíos del sistema de salud mexicano, la organización internacional recomendaba mejorar la gobernanza del sistema, reducir la dependencia del sistema hospitalario y centrar la provisión del servicio en la atención primaria, desarrollarla como una especialidad médica distinta, proveerla más de cerca de donde la gente vive y trabaja, y, sobre todo, asegurar un financiamiento adecuado.

Salud en sentido contrario

Sin embargo, la administración de Enrique Peña Nieto transitaba a toda velocidad en sentido contrario a esta recomendación, como se publicó en el artículo “Inteligencia artificial: ¿salvavidas o vil negocio para las ENT?”, en el sitio de Viral Bug, donde se citó el estudio “Enfermedades no transmisibles: hechos y cifras”, realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que denunciaba que en su sexenio, el presupuesto de salud se abatió penosamente y ello se reflejó en una cobertura totalmente insuficiente que orilló a más de 16 millones de mexicanos a carecer de algún tipo de protección financiera en materia de salud.

El gasto público durante 2018 en sanidad para la Secretaría de Salud en México, alcanzó su nivel más bajo al representar apenas el 2.81% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. En términos reales, el presupuesto de la Secretaría de Salud pasó de 113.4 mil millones de pesos en 2012 a 90.5 mil millones de pesos en aquel año.

En este plano, México ocupaba la posición 107 entre 191 países en el ranking de gasto público en sanidad respecto al PIB, lo cual explica fehacientemente las deficiencias sanitarias, el rezago en personal médico, la escasa atención en medicina preventiva y la deteriorada infraestructura hospitalaria que sufre el país. Al cabo, el presupuesto de la Secretaría de Salud decreció más de 20% en términos reales a lo largo de los seis años que gobernó Peña Nieto, apunta el artículo citado.

Presupuesto sin sanforizar

Si el presupuesto a la salud se encogía como algodón sin sanforizar, la tragedia no terminó aquí. En su artículo “Insabi: improvisación y voluntarismo”, escrito por el director de Seminario Político, Pedro Javier González, se lamentaba, como muchos otros adversarios de la 4T, de la muerte del SP: “Mientras la operación del Seguro Popular quedaba en manos de los gobiernos estatales que, se supone, deberían ajustar los procedimientos a las realidades locales, el Instituto se manejará de manera centralizada de acuerdo con normas y procedimientos diseñados desde el centro. Este hecho se ha denunciado como contrario al federalismo; de ahí las reticencias de los gobernadores que aún no han firmado la adhesión de sus respectivas entidades al Instituto.”

Esta manera de proceder del gobierno de la 4T, añadió, “da cuenta de una postura que niega toda validez a lo construido en gobiernos anteriores”. Y vaya que construyeron, pero para su propio provecho.

De acuerdo con el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013,al inicio del sexenio pasado la CNPSS transfirió a las entidades federativas 54 mil 483 millones de pesos para instrumentar los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud (REPSS), de los 66 mil 726 millones de pesos destinados al Seguro Popular. De los 32 REPSS, 18 acreditaron haber recibido las cuotas familiares y que éstas se administraron y destinaron específicamente al abasto de medicamentos, equipo y otros insumos para la salud. No obstante, 14 entidades aprovecharon los huecos en Ley General de Salud donde no estaba establecida una fecha límite para la entrega de los informes del ejercicio a la Secretaría de Salud y omitieron información sobre el destino de tales recursos.

Rebelión sin escrúpulos

En una colaboración de la analista política Viridiana Ríos para la revista Expansión, “Insabi: la rebelión hipócrita de los gobernadores”, en enero de 2020, la también académica expone: “Los servicios de salud del Insabi en los estados han generado inconformidad de los gobernadores por dejar atrás el seguro popular, pero ellos tienen el pendiente de aclarar el destino de 71 mil millones de pesos”. En términos reales, este monto equivale a la mitad del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para la Secretaría de Salud este año.

La especialista señala con envidiable puntería: “Los gobernadores han ‘perdido’ 71 mil millones de pesos de dinero que les fue otorgado por la federación para usar en salud desde 2005. Es decir, de acuerdo a los datos públicos de la Auditoría Superior de la Federación, no han podido comprobar en qué usaron el dinero o si lo usaron. Los recursos que irían a la compra de medicinas, equipamiento de hospitales y servicios médicos no han sido encontrados a pesar de múltiples peticiones oficiales”.

El director de Seminario Político, que apoya a los enemigos del INSABI, también admite este hecho inocultable: “…la falta de mecanismo de rendición de cuentas permitió que varios gobernadores utilizaran de manera arbitraria los recursos transferidos por la Federación para la operación del modelo. Los casos de corrupción no eran raros”.

Se ha documentado que los gobernadores usaban esos recursos como caja chica, y cuando no, para gastar dinero y malversarlo con absoluta impunidad, apunta Ríos.

Los confabulados viajan en jet

La lista del saqueo incluye a renombrados jefes de los ejecutivos estatales y que ahora, en vez de dedicarse a resolver los problemas urgentes de sus estados, para los que en teoría fueron elegidos, desgastan sus recursos en onerosos viajes en jets para confabular contra el gobierno federal.

La Auditoría Superior de la Federación ha documentado los miles de millones de pesos perdidos del presupuesto entregado para la salud. En este aspecto uno de los primeros que debería ponerse al día es el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien de acuerdo con auditorías realizadas por la ASF, debe aclarar en qué rubros de la salud se emplearon 12 mil millones de pesos, sin que hasta ahora se sepa su suerte.

Durante los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte, Flavino Ríos y Miguel Angel Yunes, el saqueo de los virreyes defraudadores fue escandaloso. Los recursos “extraviados” en el estado de Veracruz ascienden a 10 mil millones de pesos, los cuales debe comprobar, sí o sí, el nuevo gobernador Cuitláhuac García Jiménez, de extracción morenista.

En Jalisco no se cantan mallas rancheras, menos aquellas en las que se oculta información y reina la opacidad: Enrique Alfaro, aún no responde a la petición del máximo órgano de fiscalización de comprobar el destino de 8 mil millones de pesos, que tuvieron muchos otros fines menos el de salud y que “perdió” su estado en los tiempos del Seguro Popular.

El mismo caso se encuentran los gobiernos del Estado de México, encabezado por Alfredo del Mazo, y Héctor Astudillo de Guerrero, quienes no han reportado en quétipo de materiales ocuparon otros 6 mil millones de pesos.

Otro confabulador es Diego Sinhue que, además de gobernarlo, tiene sumido en las peores condiciones de inseguridad al estado de Guanajuato, y que debe aclarar en dónde fueron a dar 925 millones de pesos que la Federación le entregó al estado para invertirlo en medicinas y equipo médico para la población.

Las hormigas también roban

Aquello en cuanto a grandes montos, pero para la corruptos de a poquito en poquito, como hormigas, es mejor y menos detectable. Las reporteras del portal SinEmbargo, Daniela Barragán y Montserrat Antúnez Estrada, reportaron que en el análisis de la Cuenta Pública de 2017 del gasto federalizado, “la ASF halló que 20 estados del país pagaron 2 mil 093 millones 188 mil 291 de pesos en salarios y prestaciones fuera de la ley con dinero federal etiquetado para salud y programas sociales, incluyendo el Seguro Popular.

En Campeche, donde gobernaba el priista Alejandro Moreno, señalan en su investigación, la ASF alertó que se pagaron casi 4 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, sin autorización de la Secretaría de Salud; en San Luis Potosí, donde otro tricolor Juan Manuel Carrerasadministra el estado, se detectaron 541 mil pesos que se gastaron en pagos a personal que no cumplía con el perfil para ser contratados en el Seguro Popular; en Guerrero, 4.7 millones “bailaron” por el mismo motivo; en Oaxaca se usaron 22 millones de pesos para pagar a 90 personas de las que no se sabe si laboraron para este programa, durante el sexenio de Gabino Cué, prominente miembro del partido Movimiento Ciudadano.

El Estado de México fue señalado por al ASF por pagos excesivos a trabajadores con recursos del Seguro Popular. Los mismo en Tabasco (más de 181 millones); Morelos (más de 98 millones) y Nayarit (un monto superior a 66 millones).

Con el dinero perdido en los gobiernos estatales se podrían construir al menos 50 hospitales como el Hospital General de León, que cuenta con tecnología de punta, 500 camas de urgencia, dos quirófanos de urgencia, cincoconsultorios, urgencias pediátricas separadas, nutrición, especialidades, albergue, entre otros servicios, y que dará atención a más de 2 millones de guanajuatenses, cuyo costo ascendió a 1,600 millones de pesos.

Con total descaro, los gobernadores piden más, más y más…

Continuará

Sismos: ¿alguien tomó las placas?

0

México se encuentra en una zona geográfica donde se suceden una serie de interacciones entre cinco placas tectónicas, las cuales ocasionan liberación de energía constantemente, todos los días.

Por Ulises Ladislao

Aun con los sorprendentes avances científicos de nuestra era, los sismólogos no puedenpredecir cuándo ni en dónde se generará un temblor en el territorio nacional. Lo que sí saben es que tiembla diariamente y varias veces al día, y que ocasionalmente tal liberación genera sismos fuertes, de acuerdo con la escala de magnitud de momento sísmico, con la cual se miden en la actualidad estos fenómenos y que sustituyó a la tradicional escala de Richter, la cual se basa en la cantidad de energía liberada durante el evento, sin mencionar laotra vieja escala de Mercalli, cuya medición se basaba en los daños ocasionados por los temblores, prácticamente en desuso desde hace mucho tiempo.

La razón de  la ocurrencia de los sismos se debe a la interacción entre las cinco placas tectónicas que existen en nuestro país, las cuales son: Placa de Norteamérica, que tiene carácter continental); Placa del Pacífico, que abarca la península de Baja California, las costas del estado de Sonora y parte de las de Sinaloa; Placa de Rivera, la cual incluye parte deSinaloa, todo Nayarit, las costas de Jalisco y Colima; Placa de Cocos, que comprende lo largo de Michoacán, Guerrero y Oaxaca; y Placa del Caribe, que se ubica en Chiapas.

Placas tectónicas de México

La isla de Baja California

El desplazamiento e interacción entre las cinco placas tectónicas que comprenden el territorio nacional no sólo han sido responsables de terribles sismos en nuestra era, sino facilitó la formación del Eje Transversal Neovolcánico Mexicano, desde Veracruz hasta Colima, durante el Mioceno medio y el Plioceno temprano (hace entre 13 y 5 millones de años).

De acuerdo con información del Servicio Sismológico Nacional, la Placa de Norteamérica se mueve hacia el suroccidente, la Placa del Pacífico hacia el noroeste, la de Cocos hacia el noreste y la del Caribe hacia el oriente franco.

El movimiento de la placa del Pacifico en dirección noroeste respecto a la placa de Norteamérica, en Baja California y el sur de California, han originado, por ejemplo, la llamada Falla de San Andrés, y aleja a la península a una velocidad de 3.5 cm por año, por lo cual se estima que, en 10 millones de años, aproximadamente, se convertirá en una isla.

Placas

Échale la culpa a la Subducción

Mientras la Placa del Pacifico se “raspa” con la Placa de Norteamérica –al moverse en sentido contrario una respecto a la otra– y genera sismos que afectan a ciudades como San Francisco o Los Ángeles, en California, y Ensenada o Tijuana, en México–, más al sur, justo a la entrada al Mar de Cortés, la separación entre la Placa del Pacífico y la microplaca de Rivera, aumenta a razón de 6 cm por año.

En la zona costera de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas las cosas son más complicadas para los habitantes de estas áreas y los estados del centro del país, debido a que la Placa de Cocos se hunde debajo de la placa de Norteamérica (fenómeno conocido como subducción) y que por tanto es la principal responsable desde tiempos históricos de los grandes terremotos.

Se denomina subducción al proceso mediante el cual parte de la corteza oceánica, individualizada en una placa litosférica, se sumerge bajo otra placa de carácter continental.

La liberación de energía ocurre diariamente, varias veces durante el día (mediante sismos de 1 a 3 grados Richter). Sin embargo, cuando esa interacción produce un gran movimiento, se libera una colosal cantidad de energía (de magnitud de 6 a 9 grados), que constituye significativos riesgos para pueblos y ciudades ubicados en el centro y sur de México, por los movimientos oscilatorios y verticales (trepidatorios) que se suceden y suelen causar severos daños a las edificaciones humanas.

http://e-ducativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/750/983/html/caratula4.jpg

¿Oscilatorios o trepidatorios?, el falso dilema del ticher

No una sino varias ocasiones he escuchado al señor López Dóriga decir que la única razón por las que el sismo de 1985 fue tan destructivo es que fue un “temblor trepidatorio”. Falso.Para empezar los temblores o sismos no se clasifican en oscilatorios y trepidatorios, aunque ese señor se llene la boca de fake news y gran ignorancia.

La violenta liberación de energía ciertamente genera diversos tipos de onda, entre ellas las que producen oscilaciones y aquellas que generan movimientos verticales. Para ser más precisos el movimiento producido por un temblor tiene tres componentes, un vertical y dos horizontales.

Se han determinado dos tipos principales de ondas sísmicas: las ondas de cuerpo y las ondas superficiales. Las primeras son las más veloces, y llegan primero a los sismógrafos, en dos clases: ondas longitudinales o compresionales (ondas P) y transversales o de corte (ondas S).Las ondas compresionales se propagan en todas direcciones y todos los medios. Deben su nombre a que comprimen y descomprimen, sucesivamente, el medio donde se transmiten (como un acordeón).

Por su parte las ondas S llegan en segundo sitio a los sismógrafos (al igual que a los poblados) y se transmiten por una deformación cizallante del medio sólido. Y aunque la palabra se oiga muy dominguera, significa que el movimiento es perpendicular a la dirección de la propagación (como el de la víbora del desierto).

Las ondas superficiales (Rayleigh y Love) se propagan paralelas a la superficie libre de medio. Son las que transportan más energía. Arriban después que las ondas de cuerpo (por eso primero sentimos la oscilación y segundos más tarde la trepidación), en algunos casos son casi enteramente responsables del daño y de la destrucción de los terremotos. Este daño y la fuerza de las ondas superficiales se reducen en sismos más profundos1.

Al diablo con los asentamientos

En redes sociales se afirma que el sismo del 19 de septiembre de 2017 fue provocado por “el asentamiento de las placas tectónicas”. Otra falsedad derivada de la poca información que se maneja a propósito de este tipo de fenómenos geológicos. La razón de los temblores en gran parte de la república mexicana se debe al fenómeno de subducción de una de las placas presentes en torno al territorio nacional (Placa de Cocos) y la placa de Norteamérica sobre la cual está asentado nuestro país.

Esto significa que la Placa de Cocos se va hundiendo debajo de la placa continental, lenta y constantemente, lo cual acumula tensión. Cuando se acumula suficiente tensión esa energía “revienta” (se libera), y esto ocurre frecuentemente a lo largo de la franja donde ambas placas se encuentran y que comprende los estados de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y parte de Chiapas.

Por ese motivo, todos los días se producen sismos que nos son imperceptibles, pero que sí son registrados por los sismógrafos instalados por el Servicio Sismológico Nacional en diversos puntos de esas entidades (el 24 de septiembre de 2017, por ejemplo, se registraron 67 sismos de baja magnitud, provenientes de Chiapas y Oaxaca), y ocasionalmente se libera mucha energía, como fue el caso del sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre de 2017.

Por eso ningún especialista ha hablado de “asentamientos”. Y esto queda claro en un reportaje de Rodrigo Vera, publicado en la revista Proceso, “El 19-S, un doblamiento ‘casi vertical’ de la Placa de Cocos”, donde señala: “Especialistas de la UNAM fueron capaces de elaborar ya un diagnóstico preliminar del sismo de 7.1 grados Richter que sacudió el centro del país el martes 19. Así, ya es posible saber que la causa de este movimiento fue un doblamiento ‘casi vertical’ de la Placa de Cocos en su choque con la de Norteamérica”.

El geólogo Fernando Ortega Gutiérrez, investigador emérito del Instituto de Geología de la UNAM, explicó: “Los sismos son un fenómeno mecánico, provocado por los desplazamientos de enormes bloques de piedra. El del martes pasado lo provocó un doblamiento súbito y casi vertical de la Placa de Cocos, que pasa por debajo de la Placa de Norteamérica”.

En el reportaje de Vera, el doctor Ortega Gutiérrez explicó que la Placa de Cocos está formada de basalto y en la zona costera entra con un ángulo de entre 20 y 25 grados, “luego se hace horizontal, corriendo paralelamente a la Placa de Norteamérica.

“Aquí lo que ocurrió fue que, a la altura de Morelos, esa placa horizontal se dobló en un ángulo aproximado de 72 grados, por lo que cayó con un fuerte componente vertical. Y fue probablemente este desprendimiento lo que provocó la onda sísmica.”

De acuerdo con el especialista, el sismo de 7.1 grados le pegó de lleno a la Ciudad de México porque tuvo su epicentro a sólo 120 kilómetros, y por el mecanismo de rompimiento. “En la UNAM, por ejemplo, su vibración fue superior a la que provocó el sismo de 1985”, declaró en el reportaje de Proceso.

Intensidad o magnitud, ¡that’s the question!

Una de las preguntas más recurrentes es el motivo por el cual un sismo de 7.1 grados (19 de septiembre) ocasionó más daño que uno de 8.2 grados (7 de septiembre), en la ciudad de México y los estados de México, Puebla y Morelos.

En términos de magnitudes (desde 1986 se declaró por obsoleta también la escala de Richter y se empezó a utilizar la escala de magnitud de momento sísmico), se miden en progresiones logarítmicas (no lineales), es decir, un sismo de magnitud 8 grados no libera el doble de energía de uno de 4 grados, sino muchísimo más.

De acuerdo con algunas fuentes, un sismo de magnitud de 4 grados libera el equivalente de 6 toneladas de TNT, mientras uno de 7,1 grados es igual a la explosión de poco más de 200 mil toneladas de trinitrotolueno y el de 8.2 cerca de 25 millones de toneladas de este compuesto.

Escala de magnitud de los sismos

https://pbs.twimg.com/media/Bi8MYVCCUAA2mQD.png

Tomado de Mauricio Torres @matorres

Pero en este punto estamos hablando de cantidad de energía liberada, no de intensidad. Un punto crítico de los daños en las edificaciones tuvo que ver con la cercanía del epicentro donde se originó cada sismo. Mientras que el sismo de 8.2 se produjo a más de 1,000 km de la Ciudad de México, el del 19 de septiembre se suscitó a tan sólo 120 km al sur de la gran urbe. Consecuentemente, la intensidad fue mucho mayor. 

Sobre el caso, la doctora Xyoli Pérez Campos, jefa del Servicio Sismológico Nacional, apuntó que otro factor crucial para explicar los daños es que existen varias zonas en la ciudad vulnerables por estar ubicadas donde hubo un lago.

“Si la gente dice que (el del 19 de septiembre) fue más fuerte que el del 7 de septiembre o que el del 85, tiene razón en su percepción; sin embargo fue más pequeño en tamaño y en energía liberada.”

Las aceleraciones de Galileo

El 19 de septiembre de 2017, a las 13.14.40 hora, local, se produjo un sismo de 7.1 grados, cuyo epicentro se estableció a 12 km al sureste de la población de Axochiapan, Morelos, a una profundidad de 57 km, el cual provocó el colapso de cientos de construcciones, la muerte de más de 300 personas y daños irreversibles en cientos de edificaciones.

Los especialistas han citado tres factores para tal devastación en poblados de los estados de Morelos, Puebla, México y la capital de la República: la magnitud del sismo (7.1 grados), la cercanía del epicentro y la vulnerabilidad de ciertas zonas asentadas en suelos de un antiguo lago, en la gran urbe.

En cuanto a la intensidad, el Grupo de Trabajo del Servicio Sismológico Nacional, de la UNAM, elaboró el Reporte Especial “Sismo del día 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1)”, donde, entre otros temas, aborda el grado de intensidad que registró el movimiento telúrico en los estados afectados.

La gráfica realizada por investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM (IIUNAM) muestra los mayores picos de aceleración de suelo (PGA, o Peak Ground Acceleration) de la Intensidad macro sísmica en los estados cercanos al epicentro, lo cual puede explicar la concentración de los derrumbes y daños en edificaciones en la circunscripción.

Como puede apreciarse, la mayor intensidad se dio en prácticamente todo el estado de Morelos, la porción oriental de Puebla, el noreste de Guerrero y el noroeste del estado de Oaxaca.

Por lo que corresponde al valle de México, la tabla elaborada por el IIUNAM midió desde algunas estaciones sísmicas las aceleraciones máximas registradas en diversas localidades. Ahí sobresale la aceleración máxima registrada en Tlamacas, estado de México –muy cerca del volcán Popocatépetl– de 112 Gal (1 Gal –denominación establecida en honor a Galileo– equivale a 1 cm sobre segundo al cuadrado) que es tanto como el 11.4 por ciento de la aceleración de la gravedad terrestre (980 Gal); Tlalpan con 90 Gal (9.2 %) y Coyoacán con 60 Gal (6.1%). 

¡Aguas con acelerarse!

Quienes hemos vivido los eventos telúricos suscitados en septiembre de 1985 y 2017 sabemos que los daños en las edificaciones no han sido iguales. Los estudios realizados después de los dos sismos que ocurrieron en septiembre 19 y 20 de 1985 demostraron que el mayor número de edificios colapsados correspondió a aquellos que tenían entre 7 y 15 pisos. En tanto, el sismo de 2017 la afectación mayor se ha dado en las construcciones de 4 a 8 plantas.

Cabe señalar que la longitud de las ondas producidas no siempre es la misma y dependiendo de ésta, se determinará el mayor o menor movimiento en las construcciones, incluso para causar resonancia, la cual favorece su colapso.

El Grupo de Trabajo del Servicio Sismológico Nacional, de la UNAM, publica en el Reporte Especial “Sismo del día 19 de septiembre de 2017, Puebla-Morelos (M 7.1)”, el mapa preliminar calculado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, de aceleraciones espectrales promedio en las azoteas de edificios de diferente número de pisos en la CdMx.

El mapa está dividido en cuatro imágenes. En la primera de ellas (arriba a la izquierda) se muestra la aceleración que experimentaron las construcciones de un piso; mientras más rojo, mayor es la aceleración. La imagen de junto (arriba a la derecha) da cuenta de los edificios de 2 y 3 plantas, donde el color rojo baña un espacio más mucho amplio.

Cuando se considera edificaciones de 8 a 12 pisos (como las que en mayor número fueron afectadas en 1985), la imagen de abajo a la izquierda muestra tan sólo franjas rojas más tenues en el territorio de la Ciudad de México, que indica que estos sufrieron menor aceleración. Y si se pasa a la imagen de junto a la derecha, se observa que los edificios de 15 a 20 pisos tuvieron muy bajas aceleraciones.

1 Fuente: Ing. Paul Gálvez. 

http://geofisicasismospgf.blogspot.mx/p/ondas-p-y-ondas-s.html

Seguro Popular: historia de saqueos, opacidad y simulaciones

0

Primera parte

El seguro con alma de populachero

Para los neoliberales más vale malo conocido que bueno por conocer en materia de salud, a pesar de que este derecho fue convertido por sus representantes en un seguro parcial y restringido, con el afán inocultable de dejar a las leyes del mercado los servicios de este fundamental aspecto del bienestar social, al igual que la educación y otras prestaciones vitales como el agua y la electricidad, y así entregar jugosos negocios a los traficantes de influencias de la iniciativa privada.

Por Ulises Ladislao

Con el triunfo de la llamada Cuarta Transformación (4T) en las elecciones de 2018, el enfoque a la salud ha dado media vuelta y el gobierno ha retomado la responsabilidad de proveer este tipo de servicio de manera universal y gratuita, con lo que lo devolvió a la escala de un derecho inalienable y se lo arrebató a las perversas reglas del mercado.

En materia de salud, la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador envío al bote de basura al muy traído y llevado Seguro Popular, que ciertamente no sólo se caracterizaba por ofrecer servicios limitados, parciales, incompletos y de calidad altamente cuestionable, sino la ocasión para la opacidad, la corrupción, el robo, el saqueo y de oscuros negocios de la llamada mafia de bata blanca y de ambiciosas empresas farmacéuticas, así como para la desviación de recursos por parte de políticos y gobiernos estatales a lo largo y ancho del país,

El flamígero dedo privatizador 

No obstante, en la actualidad los críticos del gobierno federal se regocijan de las fallas que ha presentado la nueva propuesta de atención a través del denominado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Salud, a quien con dedo flamígero lo acusan del grave delito de ser improvisado y carecer de una estrategia de implementación, sin considerar la escasez histórica de recursos humanos para llevar a cabo la tarea de atender las necesidades médicas de la población ni el deliberado abandono gubernamental para edificar la necesaria infraestructura hospitalaria que la sustentara, productos ambos de los largos sexenios de neoliberalismo privatizador.

El INSABI fue concebido con la misión de prestar servicios de salud y asegurar el suministro de medicamentos e insumos asociados y demás elementos necesarios para la atención a las personas sin seguridad social. En el artículo “Insabi: improvisación y voluntarismo”, escrito por Pedro Javier González G., Director de Seminario Político, para el portal del Colegio de Contadores Públicos de México, el autor, quien coincide con las posiciones conservadoras que titulan su artículo, admite que el gobierno actual “ofrece un sistema de salud universal y gratuito que brinde servicios de calidad comparables con los existentes en Canadá, el Reino Unido y los países nórdicos”, lo cual representa sin duda un proyecto mucho más ambicioso que el Seguro Popular creado por Vicente Fox en 2003 y presenta retos aún más formidables pues sus alcances comprenden a más de 60 millones de mexicanos, con cobertura total, universal y gratuita, quienes no disponen de un servicio que responda a sus muchos males derivados de la pobreza.

El mal de ser pobre

De acuerdo con información vertida por la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS), la seguridad social se introdujo en México hace más de 65 años, y hasta el año 2000 se daba cobertura mediante instituciones federales a los trabajadores asalariados del sector privado y a sus familias con el IMSS, a otros con organismos de carácter estatal y por medio del ISSSTE a empleados del gobierno. Asimismo, con la contratación de seguros privados, alrededor del 4% de la población contaba con un esquema de protección y servicios de salud.

Más allá, “el 50% de la población no tenía garantizado el acceso a servicios médicos que atendieran sus requerimientos”, establecía la CNPSS. En consecuencia, se admitía que a inicios del milenio uno de cada dos mexicanos carecía de atención a sus necesidades de salud.

“Esta situación generaba que el gasto de las personas para consultas, tratamientos y hospitalización, denominado gasto de bolsillo, alcanzara en 2002 el 52% del total del gasto nacional en esa materia”, destacaba este organismo. Este porcentaje contrastaba radicalmente con el promedio observado en los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que representaba tan sólo el 19% del mismo.

El Consejo precisaba que “tres millones de familias incurrían en gastos catastróficos que ponían en riesgo su patrimonio, comprometiendo con ello las posibilidades de desarrollo de cada uno de sus miembros y el acceso a mejores condiciones de vida”.

Con las reformas y adiciones a la Ley General de Salud, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2003, se dio lugar a la creación del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS), del que forma parte el Seguro Popular, cuya función inició en 2004.

Océano de transas

En mayo de 2003, la Ley General de Salud apreciaba al Seguro Popular como el “mecanismo por el cual el Estado garantizará el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación”.

Sin embargo, lo cierto es que los laxos criterios de seguridad, eficacia, gasto y efectividad, dejaron un mar de dudas y un océano de transas, particularmente en instituciones de salud, empresas proveedoras de fármacos y sus aliados y de gobiernos estatales, como quedó constancia luego de diversos informes de la Auditoría Superior de la Federación, durante varios años.

Y aunque de manera rimbombante sus promotores, publicistas y defensores aseguraban,y aún sostienen, que el Seguro Popular estaba diseñado para “brindar protección financiera a la población que carece de seguridad social, mediante la opción de aseguramiento público en materia de salud, crear una cultura de pago anticipado entre los beneficiarios del seguro y disminuir el número de familias que se empobrecen anualmente al enfrentar gastos en salud”, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), luego de 15 años de esfuerzos “extremadamente denodados” aún se encontraban dejados a su suerte y desprovistos de servicios de salud 20 millones de personas, como reportó en 2018 este organismo.

Peor aun, su cobertura resultaba bastante restrictiva, ya que exhibía enormes limitantes como la edad y el sexo del paciente, además de que no cubría todas las enfermedades, sino apenas un reducido cúmulo de estas, sobre todo descartaba aquellas que amenazarán colapsar el raquítico sistema nacional de salud, mermarán el reducido presupuesto o exigieran el concurso de especialistas capaces de atender algunos males, los cuales eran insuficientes ya no se diga en zonas rurales sino en los propios hospitales de tercer nivel.

De acuerdo con datos de la propia CPSS, las 344 enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, 285 esenciales y 59 de alta complejidad diagnóstica y de tratamiento, representaban apenas un enclenque 2.4% de los 14 mil 176 padecimientos registrados en el Catálogo de la Clasificación Internacional. Así se constituyó un seguro que lejos de ser popular tenía evidentes tintes de populachero.

Continuará